Chaves y Griñán, acorralados: la Fiscalía confirma irregularidades en los ERE

La Fiscalía ha confirmado las irregularidades cometidas por la  Junta socialista de Andalucía en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales que recoge la sentencia del denominado ‘caso ERE’ al asegurar que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control».

El Ministerio Fiscal asegura que «ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron los requisitos» para que se concedieran tales subvenciones. Además, señala que las defensas que intervinieron este miércoles olvidaron «los numerosos elementos de prueba que expone la sentencia».

Así se ha pronunciado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que celebra la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que dictó la Audiencia Provincial de Sevilla por la que se condenó a exaltos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

El fiscal Fernando Prieto, que ha empezado su exposición a las 9:30 horas después de que este miércoles las defensas de casi una veintena de condenados pidieran al tribunal su absolución, ha explicado que en el año 2000 se produjo un cambio en la presupuestación que, a su juicio, «no tiene ningún tipo de justificación».

«No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones. Está expresamente prohibido», ha subrayado para luego rematar que en 2010 se volvió al sistema anterior. Para el fiscal, la «única explicación» es que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control».

Además, Prieto ha defendido que «la Consejería de Empleo contaba con crédito suficiente para abonar las ayudas», por lo que considera que «no era necesaria una modificación presupuestaria». A su juicio, «se utilizó una partida inadecuada para la concesión».

Las ayudas no cumplen los requisitos

Al hilo, el Ministerio Público ha asegurado que las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos: ni relación de beneficiarios ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades.

«Ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos. No existió ni siquiera procedimiento ni expediente», ha insistido el fiscal.

Prieto ya ha advertido que su intervención será extensa porque tendrá «necesariamente» que aludir a «cuál es la prueba que acredita la participación de cada uno de los condenados» porque, según ha subrayado, este miércoles «los abogados de las defensas plantearon que no había prueba alguna».

Así las cosas, ha indicado que los letrados «se olvidaron de los numerosos elementos de prueba que expone el tribunal en la sentencia, que hay que valorar en su conjunto».

Está previsto que este jueves tome también la palabra la acusación popular que ejerce el PP en la causa.